"Las tradiciones de
las generaciones muertas pesan como pesadillas en el cerebro de las
vivas"
Karl Marx
Una simple idea y la
avaricia sin límite son las causas del estado actual de la
humanidad. La pulsión individualista sustenta a la utopía de
mercado, que supuestamente regula las relaciones de forma justa, y es
fuente de riqueza y bienestar para todos. Si a ello le unimos el
nacionalismo cerril, la ceguera respecto al desequilibrio ambiental y
la parálisis de la población, atenzada por el miedo, resulta una
situación insostenible en la que el malestar y la desesperación
ocupan la vida de la mayoría de la población.
Dicho lo anterior, cada
país tiene su propia historia, y el nuestro, por mucho que pasen los
años, se empeña en repetirla pese al devenir de los siglos. Hemos
avanzado mucho en los útimos 40 años, pero seguimos manteniendo los
mismos problemas que hace 150 años: la vertebración del Estado y la
cuestión catalana, el poder de la iglesia, una sociedad desigual y
poco cohesionada, una clase política distante e incapaz de afrontar
las grandes cuestiones, la corrupcción galopante y la tensión entre
centro y periferia del Estado.
Para mantener la utopía
de mercado hay que sacrificar a los ciudadanos; se les culpabiliza
de haber inflado la burbuja inmobiliaria y de vivir por encima de sus
posibilidades, sin decir que los bancos son los culpables por
haberlas ofrecido. Lo hicieron debido al dinero barato que desde la
UE se generó para reflotar Alemania, la que ahora tiene récord de
empleo, aunque mucho sea precario y en malas condiciones.
La democracia ha sido
sometida por la economía; España sufre el mandato o gobierno
indirecto (indirect rule) desde mayo del año 2010. Rajoy lo ha
reconocido. Se roba a la clase baja y media para reflotar a los
bancos, bajo la amenaza del caos económico, a la vez que se destruye
la sociedad. La reciente quiebra de Reyal Urbis ha dejado una deuda
al Estado de 1300 millones de euros. A ellos se les permite la dación
en pago, mientras que miles de ciudadanos sufren los desahucios y
algunos se suicidan por la desesperación. La criminalidad y la
injusticia se ocultan bajo la defensa de la legalidad.
Paralelo al mensaje de
culpabilización de la ciudadanía, se desarrolla un plan de
privatización, que es básicamente un expolio de lo público para
beneficio de los amigos del PP. Economía del goteo la llaman y, pese
a los perjuicios iniciales, según sus defensores, genera beneficios
a largo plazo. Somos las cobayas de un experimento con resultados
desastrosos; simplemente hay que fijarse en Chile y Reino Unido,
donde 1200 pacientes murieron en un hospital privatizado por falta de
cuidados y en condiciones lamentables. Es la lucha de la democracia
contra la economía neoliberal, de lo público contra los intereses
privados, de lo común frente a lo excluyente.
El dominio de la
economía neoliberal es palpable: toda Europa, salvo contadas
excepciones, está gobernada por partidos de derechas, que bajo la
premisa del modelo de gobierno asiático ejemplificado en China,
anteponen el crecimiento económico, aunque sea desigual, y el
desarrollo, pese a que no es social ni colectivo, a cualquier precio.
Sólo hay que escuchar a Rajoy para cerciorarse de que gobierna para
empresas y entes económicos, no para ciudadanos.
La democracia
deliberativa estorba a los mercados económicos, su lentitud les
exaspera; por ello los parlamentos tienen en la actualidad un papel
figurativo. Es la teatralidad de la política, puro artificio.
España es un vivo ejemplo de ello; la mayoría absoluta ha generado
un sistema presidencialista en el que Rajoy ignora el parlamento y
limita su control al mínimo, desvirtuando la democracia y
acercándonos a una especie de despotismo ilustrado, en el que el
presidente aparece prepotente y seguro de poseer la verdad y de hacer
lo correcto. Se elimina el control parlamentario para evitar el
desgaste al gobierno aunque ello lamine la democracia.
Pese a todo, Rajoy es un
simple peón que suele decidir no tomar decisiones. Muestra la
segunda cara del poder, definida por Bachrach y Baratz, como la no
adopción de decisiones. Un gobernante que se resigna a llevar a sus
ciudadanos a la miseria a sabiendas, es un miserable.
Bajo el término
reforma, que es cambiar para mejorar lo existente, se nos imponen
recortes, empobrecimiento y exclusión, como la perpetrada contra los
inmigrantes irregulares, en mi opinión la medida más inmoral de las
tomadas por el gobierno.
Tras el ruido mediático
pasa desapercibido la imposición de un programa político de máximos
que acabará por derruir el edificio -ya maltrecho por otra parte-
de la Transición, que algunos consideraban intocable. La derecha
aprovecha para hacer gerrymandering en las comunidades donde
gobiernan; modifican el sistema electoral y las circunscripciones
para asegurarse la reelección, cometiendo un fraude democrático de
primera magnitud. La tesis doctoral del infame Camps trataba sobre la
reorganización de las circunscripciones de la Comunidad de Valencia.
La política se guía
por el do ut es y carece de ética; los diputados son pillados
jugando al apalabrados y son multados con 300 euros en vez de
dimitir. La degeneración y la falta de ética son preocupantes.
Mientras tanto, la
oposición y el partido socialista con Rubalcaba a la cabeza, se guia
por el principio de la oligarquía de Michels: los líderes políticos
están más cerca ideológicamente del oponente político que de sus
afiliados.
La corrupción existente
ha agravado la judicalización de la política y la politización de
la justicia. Todas las leyes están recurridas en el Tribunal
Constitucional, que se ha convertido en campo de batalla partidista
ante su papel decisivo sobre la legalidad o ilegalidad de las leyes.
Los jueces sustituyen a los políticos. Y en ello gana la derecha
nuevamente, pues la clase judicial se compone en su mayoría de
jueces conservadores que imponen una justicia de clase, donde se
masacra al pobre y se libera al rico. Los indultos gubernamentales
son otra muestra de la medievalización de la justicia y la política,
ya que se abusa del mismo para pagar favores políticos. La reciente
reforma de la justicia llevada a cabo por el político más
derrochador del país, ha consumado la justicia de clase; sólo se
podrá acudir a ella cuando se tenga dinero.
Las víctimas de esta
tropelía somos todos, pero especialmente las mujeres. El gobierno
actual es el que más está atacando a las mujeres y a sus derechos;
ellas sufren en mayor medida, y por desgracia, el recorte a la
dependencia; se va a limitar su derecho al aborto, eliminando una ley
que lo equiparaba a la legislación europea; no se va a desarrollar
la educación de cero a tres años, perjudicando la conciliación; se
ha limitado el acceso a la función pública, donde la mujer tiene un
nicho de trabajo relevante y se han incrementado las tasas de
universidad, donde ellas son mayoría. Vivimos el gobierno que más
castiga a la mujer de toda la democracia.
Todas las medidas
anteriores se vinculan a un cambio de modelo de bienestar; dejamos
atrás un modelo corporativo europeo donde existen servicios
universales como la sanidad y la educación, y pasamos a uno
asistencial de tipo anglosajón, donde los ciudadanos asumen el coste
de los servicios sociales y el Estado solo asiste a los que son de
clase baja o de una determinada renta. La clase media huye de unos
servicios cada vez más desbordados y peor dotados, y se quedan en
ellos los que no pueden costearse servicios privados, los pobres. Así
se cumple la idea de que "los servicios para pobres son pobres
servicios".
La sociedad resultante
de la crisis se está configurando en estos momentos y se acerca a lo
que desean los neoliberales; buscan una sociedad donde se
fortalezcan las estructuras intermedias mediadoras (iglesias,
asociaciones de barrio, plataformas, voluntariado, fundaciones, etc)
que descargan al Estado de sus funciones asistenciales y permiten al
ciudadano una participación reconfortante pero alejada de la
política, el ámbito desde donde se puede cambiar la situación que
le lleva a implicarse en una asociación o oenegé. La política
puede eliminar lo que nos parece "inevitable" o "natural".
No hay una tasa de desempleo o de pobreza natural. Todo ello es
producto de decisiones políticas y económicas reversibles. Hay
otras salidas, sin duda.
La movilidad social, el
ascenso de individuos de unas clases a otras o su descenso, marcan el
futuro político de un país. España nunca se ha caracterizado por
una movilidad ascendente importante; hay un cierre social de una
clase alta que impide el ascenso de las otras a una serie de recursos
y posibilidades de desarrollo. La tragedia social es que el cierre
se fortalece y la movilidad descendente se generaliza en la clase
media que pasa a ser baja. El futuro se vislumbra con una clase media
meguante y empobrecida, lo que puede generar conflictos sociales y
políticos de envergadura. El desafío del socialismo es recomponer
la alianza entre las clases medias y trabajadoras, que a veces han
optado por la derecha ante el mensaje confuso y la ideología difusa
de la izquierda.
La educación es otro de
los problemas perpetuos del país. Se avecina una nueva ley
educativa; vivimos la tragedia de ser gobernados por una mayoría de
abogados, que tienen la costumbre de pensar que algo tan complejo
como la educación puede mejorarse con una ley. Si una ley fuese la
garantía de solución de un problema, España debería ser el mejor
país del mundo pues es uno de los que tienen mayor regulación de la
UE. La insistencia en las leyes como la panacea para todo muestra las
limitaciones intelectuales de los políticos y la necesidad de tener
entretenidos a la corte de abogados del ministerio de turno. Wert
justifica la ley por el abandono escolar y lo pretende combatir con
segregación, menos recursos, más religión, reválidas, y la
eliminación de lo público.
Lo que hay que
preguntarse es, ¿por qué la misma ley que genera un 37% de abandono
escolar es capaz, a su vez, de hacer posible la que, para todos, es
la generación mejor formada de la historia del país? Habría que
focalizar el problema y tratarlo sin afectar a lo que funciona. No
aprendemos, la incompetencia es terca y persistente.
Para cambiar la
situación hay que participar; tenemos que hacerlo preferentemente en
los partidos políticos, por el simple hecho de que tienen acceso al
centro de poder, desde donde de pueden cambiar las políticas
actuales y el futuro del país. Hay que recuperar el republicanismo,
la revalorización de la participación pública como un elemento de
desarrollo moral e intelectual del hombre.
Como he dicho, la
participación en estructuras intermedias mitiga el problema pero no
lo elimina. Naturalizar la desigualdad llevará a una sociedad
violenta, infeliz, miedosa y manipulable. Los partidos deben de ser
el instrumento de cambio, pero nunca, jamás, deben de anteponerse a
la democracia, que es lo que ocurre actualmente. Primero la
democracia y después el partido.
Los derechos que no se
usan se pueden perder más fácilmente; hay que utilizar los derechos
civiles para realizar los cambios en el sistema de partidos, en
primer término, y de la economía y la sociedad, posteriormente. Se
debería pasar de un sistema bipartidista a uno pluralista y
proporcional, pues los países con este tipo de sistema gozan de un
mayor bienestar y tienen menos desigualdad (Lipjhardt). Hay que
asumir la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos y
luchar por evitar lo que a día de hoy parace inevitable; un futuro
de pobreza, desigualdad, frustración e inestabilidad. Ha vuelto la
Historia, y de nosotros depende crearla en beneficio de todos o que
otros la escriban con una sola mano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario