Tras el cambio de guardia efectuado en la dictadura en 1079, con el reemplazo del general Geisel por Joao Baptisa Feguereido en la presidencia de la República se relanzó la redemocratización[1].
La reforma partidaria de 1980 suprimió el bipartidismo; dio lugar a dos nuevos partidos, el de los Trabajadores y el Democrático Laborista [ PDT] permitiendo a la burguesía asumir el control del nuevo PMDB [Partido Moderado Democrático Brasileño]. De este partido quedaron fuera los sectores obreros más combativos y progresistas agrupados en torno de la Central Única de Trabajadores vinculada al PT [Partido de los Trabajadores]. Del partido oficial, el Democrático Social, nació el partido del Frente Liberal que se vio beneficiado y conquistó posiciones a costa del debilitamiento y mal hacer del PMDB. De este partido nació El Plan Cruzado del 86 que, en sus inicios causó euforia por sus resultados, pero poco a poco fue decayendo hasta ser retirado.
Todo este proceso político diferencia a Brasil de los otros países, pues el paso de la dictadura a la democracia no fue traumático, sino que la dictadura era vista, por su bipartidismo manipulado, como una democracia a la brasileña. Este hecho llevó a no crearse en la sociedad brasileña un sentimiento de rechazo y de justicia, ya controlado por las leyes de amnistía de la dictadura militar.
La dictadura generó represión, tortura, muerte y desaparecidos entre los que se encuentran los guerrilleros de la Guerrilla de Araguaia[2] : eran miembros del Partido Comunista de Brasil [PCdoB] que optaron por la resistencia armada.
El grupo estaba compuesto por 69 guerrilleros, de los cuales 59 fueron asesinados y permanecen “desaparecidos”; entre ellos André Grabois, marido de Grimeia Almeida, que llegó al estado de Pará, con 20 años. Poco después fue secuestrada y torturada en un cuartel de Brasilia, donde tuvo a su hija Joao Carlos.
Los guerrilleros llevaban dos años en la zona siendo conocidos por su trabajo social, pues eran médicos, maestros, enfermeros, etc… El Estado movilizó a miles de hombres que asesinaron a los campesinos, quemaron sus casas o los encarcelaron. Treinta años después todavía los lugareños recuerdan con horror las torturas para obtener información.
Desde 1984, con la transición democrática, se sellaron acuerdos secretos que son un pacto de silencio. La Comisión Especial de Derechos Humanos fue a Araguaia a buscar los cuerpos pero no los encontraron. El entonces Ministro de Defensa, José Veiga, afirmó que la documentación relativa a los asesinatos se destruyó “legalmente”; mientras el Coronel Licio Ribeiro Maciel, afirmaba en el diario “Folha de Sao Paolo” que desenterraron y trasladaron los cuerpos para no ser venerados por los campesinos.
El Estado no se implica y la sociedad brasileña permanece ajena a lo que sucedió, porque no se tiene consciencia de lo ocurrido y existe una cierta complicidad con la dictadura de una parte de la población, según Marcelo Ridenti, titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Campinas en Saopaolo.
La gerencia de la dictadura brasileña son las ejecuciones sumarias, los crímenes de latifundios, la policía militarizada y la tortura en las cárceles como práctica habitual.
Se consiguieron grandes logros en la política como la amnistía para los presos políticos del 29 de Agosto de 1979, sancionada por Luis Carlos Prestas [3].
La tortura es una de los legados de la dictadura brasileña que continua muy presente[4] . Hay autores como Ignatieff que defienden la tortura como un “mal menor” pues es preferible torturar a uno a que mueran miles. Luhmann y Brugger le apoyan. La Doctrina de la Seguridad Brasileña pensaba lo mismo. Para Góngora Mera la tortura en Brasil no desapareció, sino que cambió sus funciones y fines.
La Convención de la ONU contra la tortura o penas crueles prohíbe la tortura inquisitiva, punitiva, intimidatoria o discriminatoria. La Doctrina de Seguridad Nacional es una imitación de la “National War Collage” norteamericana”. Se formó en la tortura a policías y militares, emitiendo 242 centros secretos de detención vinculados a las Fuerzas Armadas.
La tortura en Brasil de la dictadura se divide en tres fases: la primera es una Operación Limpieza; se arrestaron entre 10.000 y 50.000 personas, se eliminaron los partidos, asociaciones y miembros del ejército cercanos a la izquierda, se persiguió a los líderes y se eliminaron partidos políticos.
En una segunda etapa, se ejerció la tortura inquisitiva, como instrumento para conocer las actividades de la oposición. Durante el gobierno de Geisel [1974 a 1978] hubo 10.000 exiliados políticos, miles de presos políticos, 245 estudiantes universitarios expulsados y 300 muertos y desaparecidos.
En la tercera fase, se ejerció la tortura intimidatoria, para amedrentar a la población. Las víctimas eran líderes conocidos como el cabecilla estudiantil Honestito Guimaraes, el exdiputado Rubens Paiva o el periodista Vladimir Herzong. Desde el año 77 se practicó el terrorismo de estado con bombas en entidades asociadas a los progresistas. En estos momentos toda persona podía ser objeto de tortura.
En 1979 se aprobó la Ley de Amnistía, que se aplicaba también a la tortura; ello fue denunciado como anticonstitucional. El hecho comentado anteriormente, de que el pueblo no sintiese la nueva situación democrática como una ruptura, y la Ley de Amnistía han contribuido a que la tortura se mantenga. Al no poder investigarse los miembros de la policía y del ejército que torturaban, se han mantenido en sus cargos, protegidos por la ley y el pacto de silencio. La consecuencia es que con la democracia continuó.
Pese a que en la Constitución de 1978 se prohibía la tortura no se creó una ley contra la misma hasta 1997[5].
A pesar de ello, y de los tratados internacionales la tortura persiste en los centros de detención. Hay un fracaso de la ley en cuanto a la prevención y al castigo. Desde 1998 hasta el 2000 ha habido 258 denuncias fiscales por tortura y 56 investigaciones policiales[6].
El Relator especial de las Naciones Unidas sobre las torturas, Nigel Rodley, en 2000 denunció que la policía brasileña practica de forma sistemática la tortura. El Movimiento Nacional de los Derechos Humanos denuncia que el 70% de las torturas son en ciudades pequeñas y el 77% son cometidas por funcionarios. Las causas son la amnistía a los que torturaban en la dictadura, que lo siguen haciendo ahora, la falta de medios, y el que los crímenes de tortura por policías sean investigados por ella misma. La impunidad y la continuidad son las causas de la perduración de la tortura en Brasil desde la dictadura hasta hoy.
Bibliografía
- Ruy Mauro Marini. Archivo de Ruy Mauro Marini con la notación “inédito” de 1992. http://www.marini-escritos.unam.mx/038_transicion_crisis_es.htm
- Nora Di Pace. Brasil la memoria llena de olvido. Radio Nederland. http://www.rebelion.org/brasil/040402pacce.htm
- Perly Cipriano, Pasado Autoritario y Democracia en Brasil. Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR. http://www.observatoriomercosur.org.uy/libro/capitulo22.htm
- Manuel Eduardo Góngora Mera, Evolución Funcional de la tortura en Brasil: la Impunidad como factor determinante de su persistencia en la democracia, 2 de Abril del 2005, www.menschenrechte.org
- Ley 1.455, Ley contra la tortura de 1997.
- Estadísticas sobre la aplicación de la Ley de la Tortura. Consejo Nacional de Procuradores Generales de los Estados. http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR190222001?open&of= ESL-BRA
[1] Ruy Mauro Marini. Archivo de Ruy Mauro Marini con la notación “inédito” de 1992.
[2] Nora Di Pace. Brasil la memoria llena de olvido. Radio Nederland.
[3] Perly Cipriano, Pasado Autoritario y Democracia en Brasil. Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR.
[4] Manuel Eduardo Góngora Mera, Evolución Funcional de la tortura en Brasil: la Impunidad como factor determinante de su persistencia en la democracia, 2 de Abril del 2005, www.menschenrechte.org
[5] Ley 1.455, Ley contra la tortura de 1997.
[6] Estadísticas sobre la aplicación de la Ley de la Tortura. Consejo Nacional de Procuradores Generales de los Estados.
La reforma partidaria de 1980 suprimió el bipartidismo; dio lugar a dos nuevos partidos, el de los Trabajadores y el Democrático Laborista [ PDT] permitiendo a la burguesía asumir el control del nuevo PMDB [Partido Moderado Democrático Brasileño]. De este partido quedaron fuera los sectores obreros más combativos y progresistas agrupados en torno de la Central Única de Trabajadores vinculada al PT [Partido de los Trabajadores]. Del partido oficial, el Democrático Social, nació el partido del Frente Liberal que se vio beneficiado y conquistó posiciones a costa del debilitamiento y mal hacer del PMDB. De este partido nació El Plan Cruzado del 86 que, en sus inicios causó euforia por sus resultados, pero poco a poco fue decayendo hasta ser retirado.
Todo este proceso político diferencia a Brasil de los otros países, pues el paso de la dictadura a la democracia no fue traumático, sino que la dictadura era vista, por su bipartidismo manipulado, como una democracia a la brasileña. Este hecho llevó a no crearse en la sociedad brasileña un sentimiento de rechazo y de justicia, ya controlado por las leyes de amnistía de la dictadura militar.
La dictadura generó represión, tortura, muerte y desaparecidos entre los que se encuentran los guerrilleros de la Guerrilla de Araguaia[2] : eran miembros del Partido Comunista de Brasil [PCdoB] que optaron por la resistencia armada.
El grupo estaba compuesto por 69 guerrilleros, de los cuales 59 fueron asesinados y permanecen “desaparecidos”; entre ellos André Grabois, marido de Grimeia Almeida, que llegó al estado de Pará, con 20 años. Poco después fue secuestrada y torturada en un cuartel de Brasilia, donde tuvo a su hija Joao Carlos.
Los guerrilleros llevaban dos años en la zona siendo conocidos por su trabajo social, pues eran médicos, maestros, enfermeros, etc… El Estado movilizó a miles de hombres que asesinaron a los campesinos, quemaron sus casas o los encarcelaron. Treinta años después todavía los lugareños recuerdan con horror las torturas para obtener información.
Desde 1984, con la transición democrática, se sellaron acuerdos secretos que son un pacto de silencio. La Comisión Especial de Derechos Humanos fue a Araguaia a buscar los cuerpos pero no los encontraron. El entonces Ministro de Defensa, José Veiga, afirmó que la documentación relativa a los asesinatos se destruyó “legalmente”; mientras el Coronel Licio Ribeiro Maciel, afirmaba en el diario “Folha de Sao Paolo” que desenterraron y trasladaron los cuerpos para no ser venerados por los campesinos.
El Estado no se implica y la sociedad brasileña permanece ajena a lo que sucedió, porque no se tiene consciencia de lo ocurrido y existe una cierta complicidad con la dictadura de una parte de la población, según Marcelo Ridenti, titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Campinas en Saopaolo.
La gerencia de la dictadura brasileña son las ejecuciones sumarias, los crímenes de latifundios, la policía militarizada y la tortura en las cárceles como práctica habitual.
Se consiguieron grandes logros en la política como la amnistía para los presos políticos del 29 de Agosto de 1979, sancionada por Luis Carlos Prestas [3].
La tortura es una de los legados de la dictadura brasileña que continua muy presente[4] . Hay autores como Ignatieff que defienden la tortura como un “mal menor” pues es preferible torturar a uno a que mueran miles. Luhmann y Brugger le apoyan. La Doctrina de la Seguridad Brasileña pensaba lo mismo. Para Góngora Mera la tortura en Brasil no desapareció, sino que cambió sus funciones y fines.
La Convención de la ONU contra la tortura o penas crueles prohíbe la tortura inquisitiva, punitiva, intimidatoria o discriminatoria. La Doctrina de Seguridad Nacional es una imitación de la “National War Collage” norteamericana”. Se formó en la tortura a policías y militares, emitiendo 242 centros secretos de detención vinculados a las Fuerzas Armadas.
La tortura en Brasil de la dictadura se divide en tres fases: la primera es una Operación Limpieza; se arrestaron entre 10.000 y 50.000 personas, se eliminaron los partidos, asociaciones y miembros del ejército cercanos a la izquierda, se persiguió a los líderes y se eliminaron partidos políticos.
En una segunda etapa, se ejerció la tortura inquisitiva, como instrumento para conocer las actividades de la oposición. Durante el gobierno de Geisel [1974 a 1978] hubo 10.000 exiliados políticos, miles de presos políticos, 245 estudiantes universitarios expulsados y 300 muertos y desaparecidos.
En la tercera fase, se ejerció la tortura intimidatoria, para amedrentar a la población. Las víctimas eran líderes conocidos como el cabecilla estudiantil Honestito Guimaraes, el exdiputado Rubens Paiva o el periodista Vladimir Herzong. Desde el año 77 se practicó el terrorismo de estado con bombas en entidades asociadas a los progresistas. En estos momentos toda persona podía ser objeto de tortura.
En 1979 se aprobó la Ley de Amnistía, que se aplicaba también a la tortura; ello fue denunciado como anticonstitucional. El hecho comentado anteriormente, de que el pueblo no sintiese la nueva situación democrática como una ruptura, y la Ley de Amnistía han contribuido a que la tortura se mantenga. Al no poder investigarse los miembros de la policía y del ejército que torturaban, se han mantenido en sus cargos, protegidos por la ley y el pacto de silencio. La consecuencia es que con la democracia continuó.
Pese a que en la Constitución de 1978 se prohibía la tortura no se creó una ley contra la misma hasta 1997[5].
A pesar de ello, y de los tratados internacionales la tortura persiste en los centros de detención. Hay un fracaso de la ley en cuanto a la prevención y al castigo. Desde 1998 hasta el 2000 ha habido 258 denuncias fiscales por tortura y 56 investigaciones policiales[6].
El Relator especial de las Naciones Unidas sobre las torturas, Nigel Rodley, en 2000 denunció que la policía brasileña practica de forma sistemática la tortura. El Movimiento Nacional de los Derechos Humanos denuncia que el 70% de las torturas son en ciudades pequeñas y el 77% son cometidas por funcionarios. Las causas son la amnistía a los que torturaban en la dictadura, que lo siguen haciendo ahora, la falta de medios, y el que los crímenes de tortura por policías sean investigados por ella misma. La impunidad y la continuidad son las causas de la perduración de la tortura en Brasil desde la dictadura hasta hoy.
Bibliografía
- Ruy Mauro Marini. Archivo de Ruy Mauro Marini con la notación “inédito” de 1992. http://www.marini-escritos.unam.mx/038_transicion_crisis_es.htm
- Nora Di Pace. Brasil la memoria llena de olvido. Radio Nederland. http://www.rebelion.org/brasil/040402pacce.htm
- Perly Cipriano, Pasado Autoritario y Democracia en Brasil. Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR. http://www.observatoriomercosur.org.uy/libro/capitulo22.htm
- Manuel Eduardo Góngora Mera, Evolución Funcional de la tortura en Brasil: la Impunidad como factor determinante de su persistencia en la democracia, 2 de Abril del 2005, www.menschenrechte.org
- Ley 1.455, Ley contra la tortura de 1997.
- Estadísticas sobre la aplicación de la Ley de la Tortura. Consejo Nacional de Procuradores Generales de los Estados. http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR190222001?open&of= ESL-BRA
[1] Ruy Mauro Marini. Archivo de Ruy Mauro Marini con la notación “inédito” de 1992.
[2] Nora Di Pace. Brasil la memoria llena de olvido. Radio Nederland.
[3] Perly Cipriano, Pasado Autoritario y Democracia en Brasil. Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR.
[4] Manuel Eduardo Góngora Mera, Evolución Funcional de la tortura en Brasil: la Impunidad como factor determinante de su persistencia en la democracia, 2 de Abril del 2005, www.menschenrechte.org
[5] Ley 1.455, Ley contra la tortura de 1997.
[6] Estadísticas sobre la aplicación de la Ley de la Tortura. Consejo Nacional de Procuradores Generales de los Estados.
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